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lunes, 20 de junio de 2011

Los Noble ratificaron que cotejarán el ADN

El representante de los herederos de la dueña de Clarín afirmó que “no existe ningún dato que autorice a sostener que Marcela y Felipe forman parte de las familias desaparecidas”. Esas afirmaciones molestaron a los organismos de Derechos Humanos.

La sorpresiva decisión de Marcela y Felipe Noble Herrera de someterse a los estudios genéticos y aceptar que se cotejen las muestras de ADN con todo el Banco Nacional de Datos Genéticos sigue alimentando dudas y sospechas. Ayer, en un hecho que sumó más incertidumbre entre los organismos de Derechos Humanos, el abogado Jorge Anzorreguy ratificó que los dos jóvenes están convencidos de “renunciar a sus derechos y presentarse ante la Justicia para dar voluntariamente sangre para ser comparada con todas aquellas muestras que han sido incorporadas”. Hermano del ex jefe de la SIDE menemista, Anzorreguy es el socio principal del estudio jurídico que representa a Marcela y Felipe. Conocido por sus contactos en el ambiente de la llamada “familia judicial”, el abogado no ocultó su confianza. “No existe ningún dato, ni el más mínimo dato objetivo que autorice a sostener que Marcela y Felipe forman parte de familias desaparecidas durante la última dictadura”, aseguró.
En una entrevista realizada por radio Mitre, Anzorreguy definió como un “hostigamiento político y mediático” la pelea de las Abuelas y de familias de desaparecidos para que los herederos de Ernestina Herrera de Noble se realicen pruebas de ADN. “Tomaron esta decisión para terminar con un inédito hostigamiento político y mediático que vienen sufriendo desde hace diez años”, afirmó. El abogado repitió uno de los argumentos que se utilizaron en el escrito presentado en el juzgado federal de San Isidro: dijo que Marcela y Felipe, al ofrecer sus muestras, “renunciaban a sus derechos constitucionales de mantener la privacidad e identidad”.
Anzorreguy dijo que los dos jóvenes ofrecían muestras “de sangre o hisopado de saliva” para que se realicen los estudios en el banco genético que funciona en el Hospital Durand, con la presencia de los peritos de ambas partes, “para que se concluya si tienen algún parentesco con las familias que han dejado sus muestras en el banco”. El abogado también insistió con que Marcelo y Felipe no habían puesto “ninguna limitación” para hacer cotejos de ADN con todas las muestras existentes. En un tono que derrochaba confianza, Anzorreguy vaticinó que la definición del caso se completará en un plazo bien breve.
Los dichos de Anzorreguy causaron molestia e inquietud entre los organismos de Derechos Humanos que siguen de cerca el caso. Carlos Pisoni, de la agrupación H.l.J.O.S, salió a desmentir el argumento de que no existirían “datos objetivos” para decir que Marcela y Felipe podrían ser hijos de desaparecidos. “Sí existen datos objetivos para inculpar a Ernestina. En la causa está probado que se trató de una adopción ilegal y que esa adopción se realizó durante la dictadura. Todavía no sabemos si son hijos de desaparecidos o víctimas de trata de niños, de la trata de bebés, pero la certeza de que los han apropiado durante la dictadura hace aún mayor la sospecha de que sean hijos de desaparecidos”, contestó Pisoni.
Consultado por Tiempo Argentino, el primer juez que intervino en la causa, Roberto Marquevich, se preguntó por qué Anzorreguy no aconsejó a los hermanos para que se realizaran los estudios de ADN en 2002: “Anzorreguy es abogado del Grupo Clarín desde 2001. Si está tan seguro, entonces debió haber aconsejado la extracción de sangre cuando yo la ordené como juez, a fines de 2002”, dijo. Destituido por el Consejo de la Magistratura, que lo responsabilizó por haber detenido arbitrariamente a la dueña de Clarín, Marquevich comparte la hipótesis que está circulando sobre la posibilidad de que el Grupo tenga información sobre cuál será el resultado de los análisis. “Clarín es parte decisiva en la oposición al gobierno en las próximas elecciones, con el señor Magnetto a la cabeza. Magnetto, en su momento, intentó sobornarme haciendo un ofrecimiento de una ‘jubilación privada’, a cambio de terminar con la causa que se le seguía a la propietaria de Clarín. Esas palabras yo las escuché personalmente en su oficina de la calle Tacuarí”, aseguró Marquevich en diálogo con este medio. (Fuente: Tiempo Argentino).

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