La complicidad civil en los delitos de lesa humanidad es la deuda que falta saldar

La Unidad Especial creada para analizar ese capítulo de la historia incluyó a Papel Prensa y Mercedes Benz como casos paradigmáticos.

Hace pocos meses, el 29 de noviembre del año pasado, se creó la Unidad Especial de Investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, no para analizar la complicidad sino la participación directa de algunos sectores civiles en la última dictadura. Esta unidad tiene por ahora dos ejes de investigación: la apropiación de empresas clave por medio de delitos de lesa humanidad y la desaparición de delegados de fábricas entregados por los dueños. La investigación por la apropiación de Papel Prensa, entre otras 603 compañías, y el secuestro y desaparición de trabajadores de Mercedes Benz y Ford son, entre otros, los casos paradigmáticos que dan cuenta de un accionar que formó parte del mismo genocidio, pero recién ahora, a 35 años del golpe, se abre una etapa en la que se lo identifica como un delito específico al que se debe juzgar y castigar.

Los delitos de lesa humanidad cometidos por los grupos económicos concentrados pasaron por el mismo proceso que los cometidos por los genocidas militares. Primero se denunciaron los casos puntuales y luego se los identificó como un plan sistemático. O sea que la apropiación de Papel Prensa –que pertenecía al Grupo Graiver y tras el secuestro y tortura de su apoderada, Lidia Papaleo, quedó en manos del Grupo Clarín–, no fue un caso aislado sino que formó parte de un plan de los grupos económicos monopólicos para quedarse con las empresas que ellos consideraban que debían ser propias. También sucedió lo mismo con los empresarios lácteos Iaccarino, Carlos y Alejandro, secuestrados y torturados hasta que los obligaron a vender sus campos en Santiago del Estero y su avión privado y aún reclaman resarcimiento. Por su parte, al empresario agrícola Daniel Paskvan le robaron sus fábricas de Roque Pérez y Lobos, y las acciones de otra empresa en Santa Fe. O Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo, dueños de la algodonera Sadeco, que fueron secuestrados en 1976 y forzados a firmar acuerdos económicos con Hong Kong, y ahora por este caso, el ideólogo de este delito, el ex ministro de Economía de facto José Martínez de Hoz está siendo investigado y hoy cumple prisión domiciliaria. El mismo “Joe” Martínez de Hoz, como le decían, quien antes de asumir la cartera de Hacienda fuera presidente de Acindar, siderúrgica santafesina cuyos trabajadores fueron detenidos y torturados en su misma planta fabril. También pasó lo mismo en la fábrica Mercedes Benz, cuyo gerente de producción, Juan Ronaldo Taselkraut, pasaba listas con los nombres de delegados y trabajadores a los represores para que los secuestraran y mataran. De hecho hoy, de los 17 secuestrados, 14 están desaparecidos. Esta causa duerme en el Juzgado Federal de San Martín Nº 2, a cargo del conjuez Juan Manuel Yalt. Lo mismo sucedió en otras fábricas automotrices, como la Ford, cuya planta de Pacheco fue el lugar de secuestro de 25 delegados. La causa judicial se inició en 2003 en el Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas. Esta nueva etapa de identificación de los delitos cometidos por civiles desata también una revisión de su denominación. Para Nuria Giniger, investigadora del CONICET que trabaja en el caso Acindar, la palabra “civil” no es adecuada ya que no todos los integrantes de la sociedad civil estuvieron de acuerdo con la represión y el terrorismo de Estado sino que estos delitos fueron perpetrados por un grupo particular asociado a las grandes empresas monopólicas. En un sentido similar se pronuncia el periodista investigador Vicente Muleiro, autor del libro El golpe civil, quien asegura que “los crímenes que siguen exhibiendo, en un solo golpe de terror, que a civiles de diversos ámbitos les cabe algo más que la figura casi externa de ‘colaboracionismo’. Les cabe el peso histórico de haber formado parte de aquel combo cívico-militar”. En ese combo también hay que incluir la actuación de sectores civiles afines a el poder hegemónico, como los miembros de la Iglesia, las cúpulas sindicales que entregaron a sus bases, los médicos que en los centros clandestinos de detención indicaban la forma más efectiva de torturar a los secuestrados y los jueces que dormían los habeas corpus presentados por familiares de desaparecidos o directamente avalaban los delitos de lesa humanidad. Ese es el caso Luis Miret, que el 11 de marzo se convirtió en el primer juez federal en ser destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por no haber cumplido su función como juez ante las denuncias de secuestro y torturas que sufrieron cinco personas en Mendoza en 1975, entre ellas la de una menor que denunció que fue violada por policías mientras estuvo detenida. (Fuente: Tiempo Argentino).