El diputado nacional por el Frente para la Victoria analizó desde el punto de vista institucional, político y judicial la detención de Gerónimo Venegas y la causa de los medicamentos.Que los jueces, para bien o para mal, en estos tiempos frecuentemente producen con sus decisiones robustas convulsiones en el mundo de la política y en vastos sectores de la sociedad, no es ninguna novedad. Y si en un tema como el de la llamada “mafia de los medicamentos”, al mandar detener a un dirigente sindical, que es a la vez figura relevante de un sector de la oposición, un juez federal, quizás excesivamente apegado a las exhibiciones públicas, produjo una tempestad estival entre quienes se sintieron afectados, no parece que el asunto ofrezca perfiles originales al análisis que lo hagan merecedor de una atención particular.
Sin embargo, a diferencia de lo que habitualmente ocurre en estos casos, esta vez la coalición de intereses que se activa tras las propuestas de la oposición ha mostrado descarnadamente como es el juego “que mejor juega y que más le gusta” en una forma que invita a reflexionar.
Por lo pronto hay que aclarar que en una República que se precie de tal, un asunto como el de los medicamentos truchos debe ser investigado con todo rigor, sin concesión a ningún interés particular, ni cortesía a favor de nadie, sea quien sea el personaje al que se lo vincule con la investigación. También cabe advertir, que Gerónimo Venegas, el secretario general de la Uatre –al igual que cualquier ciudadano- debe ser tratado como un inocente mientras una sentencia en firme no lo declare responsable de alguna de las infracciones penales que se le atribuyen, tal como lo exige el paradigma constitucional. Y deben rechazarse vejaciones o desmesuras en su contra que siempre afectan la condición humana.
Sin embargo el discurso dominante de la oposición, que ha definido su razón de ser alrededor de la inseguridad ciudadana, habitualmente o bien ignora, o bien desacredita, tanto el estado de inocencia que impide anticipar cualquier castigo a la sentencia de condena, como el principio de legalidad que prohíbe castigar aquellas acciones que aunque censurables no sean delito. Y ha hecho de la amenaza de la pena de prisión un fetiche al que le asigna siempre el efecto sanador, casi mágico, de impedir los delitos. Por eso sus figuras predican con vehemencia que cuanto mayor sea la pena amenazada y cuanto más pronto comience la amenaza de imponerla, más seguros nos podremos sentir. Por eso también, para estos sectores de la vida nacional, la pena debe ser cada vez más alta y simultáneamente, la edad de la imputabilidad cada vez más baja.
Pero sorprendentemente, ante el caso “Venegas”, esta Doxa se alteró. Las patronales agrarias que han hecho de la lucha contra el robo de ganado un motivo de vida, proponiendo reiteradamente, siempre con agresiva firmeza, la prohibición de la excarcelación para los supuestos autores de tales delitos, en signo de protesta por la detención del representante de sus trabajadores, cortaron rutas pidiendo su libertad!!! Y sumados al coro de novedosas voces garantistas entre las que se destacaba la de H. Biolcati aparecieron aquellos que reclamaban la infantería policial para desalojar el parque indo americano. También se hicieron presentes quienes ayer abrazaban el Congreso exigiendo la sanción de las leyes Blumberg, fijando hoy indignadas posiciones porque el juez Oyarbide, en vez de citar a Venegas lo mando detener. Y no faltaron aquellos que por atentar contra la independencia del poder judicial fustigaban a la presidente de la Nación porque esta había hecho público su descontento cuando la Jueza Sarmiento, en un amparo planteado por la oposición contra el decreto que dispuso usar las reservas del Banco Central para pagar deuda pública, hizo lugar en forma escandalosa a una medida cautelar en un amparo y después se declaró incompetente. Hoy estas figuras amenazan en forma desmañada al juez Oyarbide sin que ninguna voz denuncie esta presión intolerable contra el magistrado. Y el mismo Recondo, que supo desde la presidencia de la Asociación de Magistrados, indignarse contra el gobierno nacional ha silenciado su voz, siempre tonante a la hora de criticar a la titular del Poder Ejecutivo nacional.
¿Qué había pasado? ¿Los partidarios del orden se volvieron garantistas? ¿Los cruzados por la independencia del Poder Judicial trocaron en partisanos de la destitución? ¿Será que revisando posiciones anteriores hoy asumen que no es posible la seguridad ciudadana si para procurarla se violan a mansalva las principales garantías de la libertad?
Nada de eso. Lo que en verdad ocurrió es que la oposición mostró las cartas. Las garantías constitucionales, para este inefable sector de la vida política nacional, sólo deben operar cuando protegen sus propios intereses, como ocurre con la propiedad de sus ganados, de sus cosechas, la libertad de sus amigos dueños y directores de diarios, dirigentes sindicales o simplemente impresentables represores de la última dictadura militar. Pero cuando las disposiciones de la Constitución se proyectan en beneficio de los sectores populares más vulnerables, de los desaventajados, excluidos del bienestar y del consumo, entonces ellas merecen todo su rechazo. Las recetas allí son las consabidas: penas más altas, nuevos delitos, cárcel para los menores, represión de la protesta popular con armas de fuego, mano dura y tolerancia cero, en definitiva orden y represión para vivir seguros y tranquilos como lo ha dicho expresamente el Dr. Duhalde suscitando incluso la disidencia del diputado Solá.
Por eso, aun cuando las patronales agropecuarias, Duhalde, Camaño, Biolcati, Carrió, Recondo y compañía, al defender a Venegas cortando calles y rutas del país parezcan garantistas, no hay que equivocarse, el orden autoritario y sus recetas “criminológicas” en materia de seguridad, ellas integran el verdadero canon de la oposición. (Fuente: Página Política).
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