El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes reconoció que “hay que trabajar la presencia física” en tierras de dominio público, “sobre todo de la Policía”, apuntó en el marco de la estrategia oficial para recuperar 14 mil hectáreas en Islas de las Lechiguanas “malvendidas”, durante la dictadura militar • Aseguró a APF que la decisión final sobre estos terrenos la tendrá el Superior Tribunal de Justicia en un juicio que a su criterio llevará “años”.
El Fiscal de Estado hizo referencia a las aproximadamente 14 mil hectáreas de tierras de dominio público ubicadas en Islas de las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay que se han “malvendido” durante el proceso militar.
Estos terrenos “se suman a otras 13 mil hectáreas aproximadamente que había vendido el gobernador de facto Rubén Di Bello”. En total suman “casi 30 mil hectáreas, mucha superficie”, dijo Rodríguez Signes.
El caso “se inscribe dentro de la decisión de Fiscalía de revisar todo lo que es patrimonio de la Provincia y de dominio público, que está constituido por aquellos bienes que forman parte del Estado provincial” explicó. Se busca investigar “lo que ha sido malvendido o usurpado para tratar de recuperarlo”, sintetizó.
Las tierras investigadas ahora en la zona de Lechiguanas se ubican “frente a San Nicolás, una zona de tráfico marítimo importante, cerca del puerto de Rosario”, puntualizó.
Sobre ellas “estamos planteando la lesividad, estamos diciendo esta venta fue hecha ilegalmente. No lo decidimos, lo sostenemos, lo argumentamos; quien debe decidir es el Poder Judicial de la provincia a través de un proceso judicial”, informó.
En este marco, estimó que son largos los tiempos legales y detalló que a la cuestión “la decide el STJ a través de juicios contenciosos administrativos que no son juicios breves, son más largos porque son nueve vocales para votar, no es un plazo de meses, es de años”, admitió.
Tras señalar que “los bienes del Estado no pueden salir del patrimonio provincial si no es con una ley que lo autorice, y una ley del Congreso de la Nación dice la Corte Suprema”, Rodríguez Signes declaró que “lo otro que hay que trabajar es la presencia física a través de la policía rural o a través del Ministerio de la Producción, pero sobre todo la presencia policial es importante a fin de defender nuestro territorio”.
“Eso yo lo pondría en el mismo plano de importancia que las decisiones legales que nosotros tomamos”, consideró para luego reconocer que si bien se ha coordinado la vigilancia de la zona con la fuerza pública “faltan elementos tecnológicos” pues “se trata de “una extensión muy grande”, señaló.
Es que según acotó el Fiscal “si uno quiere transitar por esos lugar necesita helicópteros y lanchas”. El primero es “una herramienta esencial porque se despliega perfectamente”, afirmó tras resaltar que para las recorridas “se necesita mucha gente”.
• La historia
La cuestión salió a la luz cuando el presunto comprador de estas 14 mil hectáreas de las Islas de las Lechiguanas pide al Gobierno que se escriture esa venta: “Cuando se pide la escrituración, Escribanía con muy buen criterio lo primero que hace es anoticiar a Fiscalía de Estado y nosotros observamos que no corresponde la escrituración desde nuestro punto de vista, sino que además debe devolver esos terrenos a manos de la provincia que es su dueña”, explicó Rodríguez Signes a esta Agencia.
Pero la historia se remonta a 40 años atrás “en 1971 cuando se forma una sociedad anónima que pide en comodato una superficie de 3 mil hectáreas con la promesa de hacer un proyecto agrícola y forestal”, contó el Fiscal.
En función de esa propuesta “se malvenden las tierras en 1980 pues no se pueden vender las cosas a través de una ley de facto; y luego en esa parte del territorio – en donde no sólo no se hicieron los emprendimientos que se prometieron - aparece un tercero que usurpa y a partir de allí se desenvuelve una trama particular con violencia por parte del usurpador y el presunto comprador que pide la escrituración” por la que se inicia la investigación a través de la Fiscalía, completó su titular.
• Las tierras recuperadas
“El Delta está constituido por varios cientos de miles de hectáreas, casi un millón”, dijo el funcionario. De ese total “200 mil pertenecen indiscutiblemente a la Provincia y de esa cantidad el 50 por ciento había sido usurpado”, informó.
“Hemos recuperado casi la totalidad, fue nuestra primera decisión el defenderlas. Puede haber algunos lotes en discusión, pero están prácticamente recuperadas. Dejamos sin efecto los arrendamientos, los esquemas de permisos de uso y ahora saliendo de esas 200 mil que le pertenecen a la Provincia, entramos a revisar ventas mal efectuadas”, puntualizó el Fiscal. (Fuente: APF Digital).
No hay comentarios:
Publicar un comentario