Los camaristas rechazaron la presentación de un particular porque aclaró que existen alternativas para obtener un servicio de banda ancha similar. Golpe a la estrategia jurídica del Grupo Clarín que desoyó una resolución oficial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación realizada por un particular contra la resolución del gobierno nacional, que anuló la licencia de la ex empresa Fibertel para dar servicios de Internet. De esta manera, la justicia federal vuelve a poner en vigencia la resolución que estableció que Fibertel no puede operar sin licencia, tras el último fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal, que había suspendido transitoriamente la Resolución 100.
Así, la Sala IV del Tribunal Contencioso Administrativo resolvió rechazar la apelación y confirmar la sentencia del juzgado de primera instancia, en coincidencia con el dictamen fiscal que “rechazó la acción de amparo deducida por Alejandro Luís Rizzi contra el Estado Nacional (Secretaría de Comunicaciones)”, según cita el fallo.
Los integrantes del tribunal tuvieron en cuenta que en la zona donde se ubica el demandante existen otras 39 prestadoras del servicio de Internet. “Aun dando por supuesto que el servicio de Internet resulta ‘indispensable’, cuestión que tampoco ha sido demostrada en modo alguno, el acto no acreditó la real afectación que ha sufrido, en tanto no se ha comprobado que las restantes 39 prestadoras disponibles en la misma zona territorial lo prestaren de modo deficiente o insuficiente”, remarcó el fallo.
El tribunal, integrado por Luis María Márquez y Sergio Gustavo Fernández, se pronunció de esta forma en la Causa 24.412, que fue iniciada por el ciudadano Alejandro Luís Rizzi contra el Estado Nacional por la Resolución 100/2010 que dispuso la caducidad de la licencia de Fibertel.
Rizzi había pedido también que el plazo para cambiar de operador se prorrogue durante un año más, para poder evaluar las ecuaciones de calidad y precio de los competidores de la ex Fibertel. Al respecto los jueces consideraron que esa petición “fue introducida tardíamente en esta instancia, tal como lo destacó el fiscal general, circunstancia que impidió un pronunciamiento del juez de grado y, consecuentemente, obsta su tratamiento en esta alzada”. Además, los magistrados aclararon que los supuestos problemas de calidad que tendrían –según el demandante– las otras 39 empresas, tienen que ver con “una cuestión eminentemente opinable, lo cual excluye toda idea de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”.
Por otra parte, el fallo recordó la vigencia de la Resolución 102/10 de la Secretaría de Comunicaciones que garantiza la gratuidad del cambio de proveedor en las mismas condiciones técnicas y de precio.
También señaló que la “invocación de su calidad de usuario, sin la demostración del perjuicio concreto que le causaría el cambio de prestador, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de cuestionar la caducidad de la licencia a Fibertel SA, a quien el actor no representa”.
Agregó que los “argumentos referidos a la validez de la sanción impuesta a Fibertel”, en el marco regulatorio vigente, “sólo podrán ser eventualmente propuestos y tratados en el marco de un caso o controversia que involucre a los respectivos titulares de la relación jurídica sustancial”, es decir, el Estado Nacional y el Grupo Clarín.
En la presentación del caso, Rizzi había advertido que la “finalidad” de la causa no se centra en el conflicto entre el gobierno y el grupo Clarín”, sino en “proteger su derecho a contratar”, que se vería vulnerado por verse obligado a cambiar de prestador.
La Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones dispuso la caducidad de la licencia para dar servicios de Internet de la empresa Fibertel en noviembre de 2010, dado que su propia controladora, Cablevisión, había firmado ante la Inspección General de Justicia la “disolución” de Fibertel.
Además, en un documento oficial del multimedio enviado a la Bolsa de Valores de Londres (donde la empresa cotiza), fue el mismo Clarín quien reconoció que existía una irregularidad en el traslado de la licencia y el uso de un permiso vencido.
Según indicó en su momento el ministro de Planificación, Julio De Vido, la empresa había hecho oídos sordos a las notificaciones de parte de la secretaría sobre este error. (Fuente: Tiempo Argentino).
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